«Ojalá veamos el día en que la igualdad sea real, porque no hay mejor norma que la que no necesita ser aplicada», confía la fiscal superior de Asturias

EUGENIA GARCÍA

Comenzó su intervención haciendo una distinción. Por un lado, la posición de la mujer ante la Justicia, como sujeto activo o pasivo. Por otro, su presencia dentro del organigrama de la administración de Justicia. Pero ante todo, la fiscal superior de Asturias Esther Fernández (Gijón, 1959) se encargó de puntualizar una cuestión fundamental: «No podemos olvidar que son muy recientes los cambios que otorgaron a las mujeres la plena capacidad jurídica y la plena capacidad de obrar». Sin cambiar las leyes que restringían su autonomía, las mujeres no podrían hoy siquiera imaginar un mundo igualitario.

Durante los últimos años, repasó la fiscal superior, «la situación de las mujeres fue muy distinta según estuvieran solteras o casadas». Mientras que la soltera adquiría la plena capacidad jurídica al cumplir la mayoría de edad, la casada tenía un panorama «aún más lamentable», ya que pasaba a supeditarse a su marido. «Una vez que contraía matrimonio, perdía todo tipo de derechos en cuanto a su capacidad de obrar». Todo se debía al artículo 57 del Código Civil, que establecía que «la mujer casada tenía el deber de obediencia y el marido era el que administraba todos sus bienes».

Ese artículo, que hoy suena arcaico, no se cambió hasta el año 1975. Entonces «dice que marido y mujer se deben respeto y protección recíproca», con lo que desaparece el requisito de la autorización marital que existía hasta entonces. «El matrimonio ya no restringe la capacidad de obrar de ninguno de los cónyuges y ninguno de ellos puede atribuirse ya, por el simple hecho de estar casado, la representación del otro, lo que da mucha autonomía a la mujer casada».

Más avances. La reforma del año 81, la «famosa ley del divorcio» no solo introdujo esta forma de disolución marital sino que también transformó muchos artículos que dieron a las mujeres la total equiparación «y la capacidad de tomar nuestras propias decisiones». «El marido y la mujer son iguales en derechos y deberes», reconoce. «De esto se deriva el acceso a todas las demás profesiones. Si estos artículos no se hubieran modificado, una mujer casada no podría haber sido piloto, forense o fiscal sin la autorización marital», recordó Fernández.

Hasta el año 1974 no hubo una mujer en la carrera fiscal. «A día de hoy, las mujeres tenemos posibilidad de acceder a cualquiera de los cargos de oposición en igualdad de oportunidades». Eso es a su juicio uno de los aspectos más positivos de las oposiciones, que son un sistema igualitario en el que «no hay diferencias de ser hombre, mujer, mayor, menor, conocido o no». Ella, dice, siempre quiso ser fiscal. Y en el camino, «no me he sentido discriminada nunca». «Quizá porque he tenido la suerte de que me han tratado igual que a mi hermano y me han exigido lo mismo. Las cosas que he querido me las he peleado y las he conseguido, nadie me ha echado para atrás por el hecho de ser mujer», aseveró.

Es verdad que la presencia de la mujer en altos cargos es mínima. «Somos cinco mujeres fiscales superiores, pero no es tanto porque no nos den el puesto sino porque para acceder hay un requisito de antigüedad que hasta hace poco cumplían pocos años». Pero hay algo más: «No es que te den el cargo, tienes que pedirlo». «Yo siempre digo que la verdadera igualdad, el verdadero ejercicio de libertad es tener la posibilidad de elegir, y que si te decides no te eche para atrás el hecho de ser mujer».

En cuanto a la protección que la justicia proporciona a la mujer, «en relación a las situaciones discriminatorias más graves que son cualquier tipo de forma de violencia», opinó que «era necesaria una Ley Integral de Violencia de Género». Como persona, la mujer víctima estaba igualmente protegida que los hombres, «el problema es que cuando se levantó la ley del silencio se hizo patente la situación de desprotección, desigualdad y discriminación» que sufría.

«Un gran logro»

«No se pegaba a una persona porque sí, sino por ser mujer y porque todavía había reminiscencias de aquel momento en el que la mujer debía obediencia al hombre». «No se trata de proteger a la mujer por su sexo, sino por estas circunstancias» y fue «un gran logro porque se tutela a la mujer maltratada desde todos los ámbitos: educativo, judicial, penal, civil y social». «Ojalá veamos el día en que todo esto se puede acabar –confía Esther Fernández–, porque no hay mejor norma que la que no necesita ser aplicada».